Indígenas
mexicanos acosados por Ejército de EU como parte de un plan para
privatizar sus tierras.
Las
comunidades indígenas mexicanas han padecido acoso desde hace muchas
décadas, pero desde poco antes del 2005 están siendo acosadas por
el Ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la
Universidad de Kansas. Los gobiernos e inversionistas nacionales e
internacionales están empecinados en mercantilizar la tierra y el
territorio de los pueblos originarios. Es por ello que los pueblos
están haciendo frente al despojo desde las comunidades indígenas
que se resisten a ser cómplices de los proyectos de inversión que
favorecen la producción de agrocombustibles, la concesión y
explotación de proyectos mineros, las represas, la reactivación de
planes de infraestructura del Proyecto Mesoamérica y el impacto de
la reforma energética como plataforma para legalizar el saqueo
territorial, ya que todo ello traerá como consecuencia la
destrucción de la diversidad humana y biológica de los territorios
ancestrales, describe el Movimiento Civil Rostros del Despojo.
Afirmando que las políticas gubernamentales de las últimas décadas
han mercantilizado los recursos naturales de los territorios de los
pueblos indígenas, los cuales forman parte de la negativa histórica
por parte del Estado mexicano al reconocimiento pleno de derechos
colectivos de los mismo. Las comunidades indígenas mexicanas han
padecido acoso desde hace muchas décadas, pero desde poco antes del
2005 están siendo acosadas por el Ejército estadounidense con la
ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas. En aquel año, el
Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas recibió 500,
000 dólares, de fondos del Departamento de Defensa, para mapear
tierras comunales indígenas en los estados mexicanos de San Luis
Potosí y Oaxaca, explica el activista y ecónomo Simón Sedillo. Por
medio de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero de los
Estados Unidos (FMSO, por su sigla en inglés), los profesores Peter
Herlihy y Jerome Dobson construyeron desde aquel año el proyecto
“México Indígena”. El investigador de la FMSO asignado fue el
Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest, quien expuso que el único
camino para el ‘progreso y la seguridad’ en América Latina es el
de la privatización de las tierras comunales pertenecientes a
indígenas. Asegurando, “la posesión informal e irregulada de
tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que la única
solución para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia es la
privatización y titulación de la tierra”, explica Sedillo.
Demarest aseguró en un ensayo que “la misión primaria de la FMSO
es evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad
nacional de los Estados Unidos, es decir ejércitos guerrilleros y
organizaciones terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando
movimientos sociales influidos por indígenas, como amenazas
emergentes para la seguridad de los intereses políticos y económicos
en México”. El proyecto ‘México Indígena’, se describe como
una estrategia político-militar, la cual dio inicio en el momento en
que se otorgó al país un paquete de financiamiento militar por
parte de los Estados Unidos, conocido como la Iniciativa Mérida. “El
control y desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover
potenciales focos rojos en la política, contribuir al control
militar de la región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales
para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales”,
afirma Sedillo. Demarest, al tomar en sus manos el mapeo de
comunidades indígenas, aseguraba que era preciso identificar pueblos
y grupos, ya que era ahí donde se situaba la mayor resistencia al
orden mundial neoliberal en México, en zonas indígenas donde se
exigía autonomía y auto-determinación. “Los indígenas siempre
han estado dispuestos a morir luchando por su tierras, más de lo que
cualquier gobierno ha estado dispuesto a matarlos y arrebatárselas.
Para las comunidades indígenas de México, reclamar su autonomía y
territorio es por lo tanto una reivindicación sumamente urgente de
su identidad”, comenta Sedillo. Hasta 2010, en México poco más de
170 mil personas habían sido desplazadas de sus lugares de origen,
colocando al país en el segundo lugar en el número de afectados por
la construcción de megaproyectos en Latinoamérica. Hoy las
cifras podrían haberse incrementado hasta en un 10 %. Baja
California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, son
reconocidas de manera gubernamental como territorios en donde
empresas extranjeras mantienen algún tipo de proyecto. Sobre el
tema, el Obispo Raúl Vera López afirma: “la militarización no es
una cuestión nada más de América Latina, es una situación que se
da a nivel mundial, y puntualmente en México, los hermanos de los
pueblos originarios fueron desplazados hacia espacios en donde no
contaban con medios de subsistencia, tampoco habían procesos de
desarrollo que les permitiera a ellos ser sujetos de su propia
historia, pero con esfuerzo y sufrimiento lograron sobrevivir y
vivir”. “Sin embargo, hoy las nuevas tecnologías satelitales han
localizado recursos que pueden generar altas sumas de dinero, los
cuales existen en territorios indígenas. Esto ha sido el principal
detonante de la invasión que padecen quienes vivían en paz en
espacios con pocas carreteras, nulos medios de comunicación, con
innumerables carencias, pero subsistían, ahora otros han descubierto
las zonas de mayor diversidad, donde están los yacimientos de
petróleo, los recursos acuíferos, provocando así el desarrollo de
libre comercio y la libre competencia que han llevado a los grandes
empresarios y a los grandes consorcios de producción industrial, a
incursionar en manufacturas que nunca se creyó que fueran de interés
para ellos, hasta que descubrieron que se podía obtener grandes
ganancias por medio de explotación”, comenta Vera López. Según
el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “los
proyectos de obras públicas a gran escala y las iniciativas de
extracción de recursos (denominados megaproyectos) tales como
represas, autopistas y minas, se están multiplicando en México. Si
bien el gobierno mexicano declara que estos proyectos de desarrollo
se llevan a cabo para beneficio de la población, los megaproyectos
tienen consecuencias devastadoras para las comunidades locales y el
medioambiente, y suelen beneficiar a los poderosos a costa de las
comunidades más empobrecidas, rurales e indígenas”. El obispo
afirma que dichas empresas, a la par del gobierno, han desarrollado
estrategias que les permiten obtener beneficios y facilidades para la
explotación de los recursos naturales por medio de mecanismos que
los han llevado a penetrar las tierras de los indígenas, provocando
que nuevamente dichos grupos sean desplazados para dar paso a mega
proyectos que van desde los acueductos, oleoductos, hasta gasoductos,
sin dejar de contar los corredores industriales. “Como ejemplo
tenemos el corredor industrial que se han querido abrir desde hace
años los norteamericanos, vía México-Centroamérica, en un
principio por medio del famoso Plan Puebla Panamá (PPP). Otro de los
principales motivos por los cuales los indígenas son objeto de
agresiones terribles y desplazamientos humanos, es la apropiación
ilícita de los mantos acuíferos; extranjeros junto al gobierno
despojan a los dueños de esas zonas, dañándolos física y
moralmente, al robarles el agua, para uso de las grandes
hidroeléctricas”, plantea Vera López. Los ataques contra los
indígenas, en la lucha por explotar cuanto se pueda en sus
territorios, según el Obispo Raúl Vera, se han afianzado por medio
de un control del territorio a través de las fuerzas militares,
quienes han penetrado las zonas para oprimirlos y agredirlos, incluso
hasta el homicidio, es por ello que “en las comunidades se están
levantando y están tomando la fuerza, defendiendo sus propiedades y
su integridad física”. Y sentencia que, “esa deshumanización en
contra de los grupos vulnerables es producto de la ambición que hoy
existe, y es desatada por un mercado no controlado que se hace llamar
‘libre mercado’ y que se mueve a la par que la nueva metodología
del capital neoliberal, en donde los grandes comerciantes del mundo,
a la par de los grandes productores y los grandes consorcios, tienen
de rodillas a los políticos, a quienes ya han comprado y corrompido
para darles seguridad a sus proyectos”. Puntualizando que, “dentro
de los enemigos de los indígenas se encuentra la industria
extractiva. México tiene más de la tercera parte de su territorio
ocupado en esta actividad, y ahora con la Reforma Energética los
extranjeros que extraigan metales también van a absorber lo que
encuentren a su paso. No solamente afectando a los dueños legítimos
de las tierras, sino también contribuyendo al cambio climático y al
famoso calentamiento global por medio de una sobre-explotación de la
tierra”. El sociólogo Jorge Mercado Mondragón sentencia que “la
ausencia de un mecanismo para cuantificar de manera objetiva el
número de desplazados es, sin duda, uno de los retos más
significativos en México para poder visualizar dicha problemática,
y se suma el no reconocimiento explícito por parte del Estado
mexicano de la existencia de un número importante de desplazados en
el territorio nacional”. “El Estado mexicano debería poner
atención a esa situación antes de que se convierta en una crisis
humanitaria de alcances inusitados, como aparece apuntar, donde
pareciera que el dinero es más importante”, afirma. “El gobierno
mexicano es responsable de las violaciones a derechos humanos de
indígenas, pero también lo son las empresas canadienses, americanas
y europeas que invierten proyectos en México, son cómplices,
aprovechando la disposición del gobierno mexicano a pasar por alto
los problemas ocasionados por sus representantes, implementan en el
país prácticas perjudiciales que serían inaceptables en sus países
de origen. Algunos empleados de estas compañías han estado
implicados en agresiones físicas e intentos de asesinato dirigidos
contra indígenas y activistas sociales y ambientales… pero la
justicia no llegó”, asegura el Centro PRODH.
Información
tomada de www.telesurtv.net
